El estallido de mediados de octubre de 2019 por un alza en el precio del transporte rápidamente se extendió por toda la nación y generó reclamos sobre la desigualdad, las bajas pensiones y demandas de mejor atención de salud y educación.
Pero el fantasma de la violencia, que dejó cuantiosos daños materiales a infraestructura pública y privada en un país considerado modelo en América Latina, ha resurgido en el aniversario que coincide con el paulatino desconfinamiento de las ciudades tras la reducción de contagios de coronavirus.
“La fecha me inunda en emociones de todo tipo. Rabia, rencor, alegría”, confesó Leppez. “Hay gente que ni siquiera puede estar contando esto, por lo que pasó desde el 18 de octubre hasta acá. Y por eso a mí me afecta mucho, de verdad”.
Más de 3.000 heridos, incluyendo cerca de 300 con traumas oculares, generaron una ola de denuncias, principalmente contra la policía antimotines. El Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que presentó 2.520 querellas en los primeros cinco meses del conflicto.
La tarde del viernes, cientos de personas se congregaron en una emblemática plaza del centro de Santiago y se enfrentaron con la policía. Carabineros dijo en su cuenta de Twitter que manifestantes lanzaron “elementos incendiarios y contundentes” contra agentes. Al menos siete personas fueron detenidas en las primeras horas de los disturbios.
Un grupo de desconocidos pintó de rojo un monumento de un general de la Guerra del Pacífico del siglo XIX ubicado en la que los manifestantes han renombrado como Plaza de la Dignidad.
El servicio público de buses redujo su horario de operación mientras se provocó una fuerte congestión vehicular debido a los cortes de vías en la zona.
La socióloga de la Universidad de Santiago Lucía Dammert califica la situación de frágil y considera que evitar un nuevo detonante depende en buena parte de la forma que se defina la forma de actuar de los cuerpos de seguridad.
“Estamos en una situación de tensa calma, y esa tensa calma se puede romper por cualquier hecho aislado o puntual de lado y lado. Así que hay que estar atentos y sobre todo preocupados”, señaló.
Esta semana, Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía asegurar que la policía sea efectivamente investigada por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido.
Si bien con la llegada de la pandemia de coronavirus en marzo las manifestaciones decayeron, en sectores pobres se registraron choques con la policía en demanda de atención a quienes perdieron sus trabajos y fuentes de ingresos por la crisis sanitaria.
En tanto, los vecinos del céntrico sector afirman que no han logrado que la calma vuelva a su barrio mientras temen que la situación recrudezca.
“Hay días y horas en las que uno tiene (…) es como estar sitiado. Y eso es ya para vivir, no se puede estar. Estamos un año entero así, un año”, dijo Fabián Ran, un jubilado de 75 años, quien vive hace más de un década en el sector.
Enlaces de Referencia Reporte de Fabián Andrés Cambero y Reuters Televisión. Editado por Javier Leira
