Referente histórico.
La Fiscalía General de la Nación en el 2018 realizo la captura de dos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, y a dos particulares que se organizaron para buscar a empresas o personas multadas por irregularidades ambientales y les ofrecieron servicios particulares para ayudarles a evitar o reducir la sanción.
Según el organismo investigador los capturados habrían montado una oficina paralela utilizada para contactar a personas sancionadas por la afectación de recursos naturales y a quienes, a cambio de coimas, les prometían no aplicar las multas o en su defecto disminuirlas.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía, un ingeniero de minas y un ingeniero agrónomo, ambos profesionales universitarios en Corpoboyacá, se habrían dado a la tarea de hacer uso de las bases de datos de la entidad para ubicar infractores ambientales y ofrecerles sus servicios ilegales.
El proceso investigativo inició el 5 de junio de 2017. La Fiscalía encontró que los implicados, al parecer, identificaban a los sancionados, les recomendaban los servicios profesionales de un abogado quien, hasta el 15 de noviembre de 2017, se había desempeñado como funcionario de Corpoboyacá y supuestamente les ayudaría a reducir los montos a pagar o mediaría para la expedición de licencias ambientales, a pesar de que en muchos casos el solicitante afectaba los ecosistemas nativos y no cumplía con los requerimientos legales.
Caso Lafarge Holcim
La quema de residuos tóxicos deja vulnerables a 250 mil habitantes de Boyacá en (Sogamoso y Duitama) ante el coronavirus. Julio Cruz funcionario de Corpoboyaca manifiesto en entrevista realizada por la Universidad Politecnico Grancolombiano que nunca ha recibido la denuncia de la comunidad por las practicas toxicas de la cementera y que la movilización social, paro que duro varios días en Sugamuxi nunca se hizo por un tema ambiental. No obstante los documentos firmados entre las empresas y los líderes de la comunidad con veeduría de Corpoboyaca en el paro demuestran todo lo contrario. Aproximadamente 30 derechos de petición radicados ante Corpoboyaca también son evidencia del conocimiento de las denuncias por parte de la autoridad ambiental. Entonces la pregunta es, porque ¿Julio Cruz dice mentiras?
La investigación anunciada por el ex gobernador Carlos Amaya con unos recursos por mil millones de pesos por parte de la Gobernación para determinar los daños de la cementera nunca se llevó a cabo.
Hoy con agua y jabón en los municipios se crea cortina de humo para evadir la responsabilidad de la afectación de salud que podrían tener miles de personas por las prácticas consideradas delictivas en algunos países que han realizado por años en esta cementera comprando autoridades ambientales y gubernamentales.
